Con el fin de proteger la tranquilidad de los yucatecos y de que todos los que delincan vayan a la cárcel y no se queden en las calles, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votó a favor de la reforma al Artículo 19 Constitucional que contempla la incorporación de nuevos ilícitos en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa.
En sesión constituyente permanente, el Congreso del Estado aprobó dos reformas, la primera en materia de provisión preventiva, que tiene como propósito que las personas acusadas de un delito y se les lleve ante el juez para iniciarles un proceso deban ser puestas en prisión, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea indicó que el artículo 19 solo contemplaba una lista de 6 ilícitos que eran meritorios de prisión preventiva oficiosa como son: la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.
Dijo que a esta iniciativa se le agregó el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, abuso sexual en agravio a menores, feminicidios, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la ley de armas de fuego.
"El problema se deriva del actuar del ministerio público, y los policías quienes con errores de procedimiento, muchas veces permiten que se genere impunidad, por lo que es necesario darles garantía a los ciudadanos para que los culpables paguen el crimen y con ello puedan tener mayor seguridad" manifestó.
Expresó que desde Movimiento Ciudadano estarán apoyando iniciativas que se enfoquen a hacer más efectivo el sistema judicial, y se ponga fin a la puerta giratoria que existe en nuestro sistema judicial.
En ese sentido las diputadas de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano también votaron a favor de las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución, en materia de extinción de dominio, en donde se busca agilizar la recuperación de activos producto de delitos y facilitar que el estado pueda hacer suyos los bienes ilícitos.
Romero Bastarrachea comentó que esta será una herramienta eficiente y ágil, porque ahora será por la vía civil, al igual que se recaudará más fácil el dinero confiscado por autoridades, y la ciudadanía podrá adquirir los productos que actualmente se quedan en bodegas.
Mencionó que esta ley también busca hacer eficaz la recuperación de activos en delitos como: corrupción, robo de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, extorsión, encubrimiento, delitos contra la salud, ilícitos cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas y robo de vehículos.
Enfatizó que esta ley no deberá convertirse en parte del sistema de justicia, sino en una medida provisional mientras se afinan los mecanismos de detención e integración de expedientes en el ministerio público. En 5 años deberá revisarse y evaluar si se ha cumplido con este fin.
Asimismo votaron a favor de la de la reforma a la ley de Educación del Estado de Yucatán que contempla a los trabajadores sociales dentro del sistema educativo, y las reformas al Código de Administración Pública de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para que el 3% de las plazas vacantes en el Ejecutivo estatal, sean otorgadas a personas con discapacidad, disposición que se extendió a los 106 municipios.
Resaltó que con esto se promueve la inclusión y la igualdad de todos los ciudadanos a la fuerza laboral y se les da mayores atribuciones a los trabajadores sociales para que atiendan cuestiones que tienen que ver con conductas como el bullying, que a la larga pulieran generar una situación de violencia.
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