Ante la clara violación al derecho constitucional a la salud de los menores, el PRI desplegó a nivel nacional una campaña de apoyo social para orientar a la población en la promoción de amparos para exigir la vacuna contra el COVID19; en Yucatán se brindará también apoyo jurídico en la Casa del Pueblo.
Mérida, Yuc., a 05 de octubre de 2021
Las vacunas son la mejor estrategia de salud pública para terminar con la pandemia de COVID-19. La investigación revela que estas vacunas son extraordinariamente eficaces y seguras.
Como referente de una institución acreditada, la American Academy of Pediatrics (AAP) ha urgido a los adolescentes y adultos a vacunarse contra el COVID-19 tan pronto como puedan, toda vez que las vacunas son especialmente importantes para impedir cuadros graves y mortales de la enfermedad.
Un dato relevante es que, al mes de agosto, previo al inicio del periodo escolar, oficialmente en México se identificaron 60 mil 928 contagios en niños, con una cifra lamentable de 613 fallecidos.
Ante este terrible escenario, el Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán, que encabeza el Ing. Francisco Torres Rivas, alineado a la exigencia nacional impulsada hoy por el PRI en todo el país, anunció una campaña de apoyo social a la población en general, y de manera particular a su militancia, para promover amparos exigiendo al Gobierno Federal el derecho constitucional a la salud, con la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) a menores de edad, entre los 12 y 17 años, toda vez que ya existe la aprobación de emergencia de una vacuna para este rango poblacional.
En este sentido, a través de sus redes sociales se dio a conocer el arranque de esta campaña, que consiste en orientar y ayudar a todos aquellos interesados en promover su amparo, acudiendo a la Casa del Pueblo, en horario de 10:00 hrs. a 13:00 hrs., para que el equipo jurídico les ayude con la elaboración y trámite del recurso legal.
Basta ya de mezquindades como afirmar que la necesidad de que los menores de edad se vacunen, es una estrategia de las grandes farmacéuticas para continuar vendiendo. No aplicar las vacunas a los infantes es discriminatorio e inconstitucional, porque agravia los derechos humanos de la niñez.
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