En la Sesión Ordinaria de este miércoles, el Coordinador de la Fracción del PRI, Felipe Cervera, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en materia de terapias de conversión, esto con el fin de implementar políticas públicas que inhiban este tipo de prácticas, así como perseguir y sancionar a quienes las realicen, también a quienes ofrezcan estos servicios, pero sobre todo, proteger a las personas que pudieren ser víctimas o bien, detectarlas para poder garantizarles una reparación del daño que hubieren sufrido.
Durante su intervención en Asuntos Generales, el Diputado subrayó que la propuesta busca proteger a las personas de cualquier acción que implique ejercer presión física, moral, emocional y psicológica para suprimir o negar su orientación sexual, por tratarse a todas luces de un hecho discriminatorio, incluso violatorios de los derechos humanos, toda vez que tales sesiones o terapias que ofrecen una opción de cambio de una condición legítima, como la homosexualidad y demás orientaciones del ser humano, van en contra de la ciencia médica y psicológica promoviendo prejuicios y estigmatización.
“No se trata de penalizar a quien quiera someterse a algún tipo de terapia, se trata de penalizar a quienes quieran promover la existencia de terapias que no son reconocidas como tal por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y por la ciencia médica como tal, se trata de evitar que cualquier persona basándose en creencias religiosas personales o lo que fuere, esté sometiendo en este caso principalmente a menores de edad o personas con algún tipo de incapacidad a estos casos”, enfatizó.
Expresó, que esta iniciativa se ha trabajado desde hace varios meses y, aunque no se tiene registros de denuncias recientes, en Yucatán sí es un hecho que en otros estados de la República se presentan estas terapias; “por lo que, si las hay en Yucatán, poder frenarlas y penalizarlas, y si no las hay, dejar muy en claro que la entidad no es tierra fértil para que estas puedan asentarse”.
En temas similares, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, recordó que el 17 de Mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para lo cual solicitó que se siga legislando y se garanticen todos los derechos civiles, políticos y humanos, así como de acceso a una vida libre de violencia de las personas que viven dentro de la comunidad LGBtQI+.
“Sin discriminar a nadie por su orientación sexual, preferencia sexual, identidad o rol de género”, señaló.
Manifestó, que México ocupa el segundo lugar en el mundo en crímenes por homofobia, solamente debajo de Brasil, y siete de cada 10 personas son discriminadas por su orientación sexual, por lo que recalcó su llamado a la inclusión y no discriminación.
Reformas Constitucionales
La Sesión Ordinaria inició con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Mario Enrique Aguilar y Aguilar, quien fuera diputado de la XLIX Legislatura del Congreso de Yucatán; además se realizó la toma de compromiso constitucional a José Carlos Vargas Jiménez como Contralor Interno del Congreso del Estado, por un periodo de hasta cuatro años.
Así mismo, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad cuatro dictámenes que reforman la Constitución Política de Yucatán, en materia de Cabildo Abierto, Órganos de Control Municipales y Armonización de la Cuenta Pública.
Referente al Cabildo Abierto, la diputada Silvia López Escoffié comentó que esta figura contribuye a que la ciudadanía tenga una visión más objetiva, toda vez que cuando más personas conocen de primera mano, todo lo relacionado con el trabajo de sus autoridades, se crea un estado de confianza y tranquilidad en los ciudadanos.
“Los yucatecos tiene el derecho y el deber de participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas, en la toma de decisiones que realiza el Ayuntamiento y sobre todo cuestionar los resultados obtenidos”, reiteró.
Como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la diputada Karla Franco Blanco, mencionó que la reforma para elevar a rango constitucional que los ayuntamientos cuenten con sus órganos de control interno queda perfectamente alineada con los objetivos de la cultura de cero tolerancias a la corrupción, y evidentemente con los fines del Sistema Nacional y Local Anticorrupción.
Así mismo, agregó, en materia de armonización del proceso de fiscalización de la cuenta pública, tiene el objetivo de establecer que la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a más tardar el 30 de abril del año siguiente.
Por el contrario, a propuesta del diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, se regresó a la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen para la reforma constitucional en materia de rendición del informe del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
El legislador, expuso que existen dos lapsos de tiempo los cuales no precisan ni establecen fecha para el informe, y solo se hace referencia a dos meses, “es decir, en un primer momento el mes de febrero, y seguidamente, el mes de marzo”; además, continuó, el decreto carece de certeza, e incluso puede considerarse ambiguo, pues no contiene la exactitud que por jerarquía normativa debería introducirse en la Constitución Política local.
En otros temas, erigidos en Constituyente Permanente, la LXII Legislatura no aprobó por mayoría la Minuta para adicionar la fracción XXIII BIS al artículo 73 de la Constitución Política de México, en materia de Seguridad Privada, remitida por la Cámara de Senadores.
La diputada Silvia López, declaró que “esta Legislatura no aprobamos por aprobar, sino lo que mejor le convenga a Yucatán”, porque la minuta va en contra del federalismo y a favor del centralismo y control del poder, toda vez que Yucatán sí tiene buenos índices de seguridad.
En el mismo sentido, a nombre de la fracción del PRI, el diputado Felipe Cervera Hernández, explicó que, si bien esta minuta podría beneficiar a otros estados que no regulan a las empresas de seguridad privada, en Yucatán no es la misma circunstancia, ya que sí existe una reglamentación sobre el tema y, por el contrario, esta reforma excluiría a losCcongresos locales legislar en la materia.
“Lo que sucederá es que vamos a tener un estado donde las empresas tengan los mismos parámetros en el país y se descoordinará el trabajo que actualmente existe en Yucatán”, recalcó.
Por el contrario, el Coordinador de la Fracción de Morena, Miguel Candila Noh, argumento que lo que busca la minuta es que las empresas particulares de seguridad privada puedan realizar negocios con un control y que 17 Congresos locales ya la aprobaron.
En la Plenaria, las fuerzas políticas también aprobaron por unanimidad el dictamen para crear el Reconocimiento “Al Médico del Año” que otorgará el Congreso del Estado, con la finalidad de reconocer a la doctora o doctor que se haya destacado en su profesión, por realizar acciones extraordinarias, por su trayectoria o por su aportación académica o humanística en el ejercicio de su profesión al servicio de la sociedad yucateca.
El promovente del tema, Manuel Díaz Suárez (PAN), resaltó que la LXII Legislatura marca la historia, una vez más, al crear este justo y merecido Reconocimiento al gremio que le ha dado prestigio a Yucatán, “porque los médicos yucatecos son distinguidos a nivel nacional e internacional”.
Por otro lado, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa por el que se reforma la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, en materia del Informe y Comparecencia del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC); así como la iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado y al Código de Familia del Estado, en materia de Identidad de Género.
A la comisión de Justicia y Seguridad Pública, fue enviada la Iniciativa para reformar el Código de Familia para el Estado, en materia de derecho de convivencia de nietos y abuelos.
Además, se turnó a la comisión de Igualdad de Género y a los 25 diputados el oficio del Tribunal Electoral del Estado mediante el cual notifica el incidente de cumplimiento de sentencia, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, expediente JDC-007/2020, sobre la reducción de la dieta como síndico del Ayuntamiento de Chichimilá y violencia política contra las mujeres en razón de género, promovida por la regidora de dicho municipio, Teresita de Jesús May Tuz.
También en Asuntos Generales, el diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz, presentó una iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, el servicio de las calesas, las corridas de toros y las peleas de gallos.
Haciendo uso de la máxima tribuna, la diputada Milagros Romero Bastarrachea, reveló que Yucatán ocupa el lugar número 16 de las entidades que presentaron una disminución anual en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, según datos en materia de pobreza y marginación al primer trimestre de 2021, difundidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Denunció, que el gobierno federal decidió eliminar programas sociales mediante el cual el Estado mexicano ofrecía ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables y, en cambio, privilegió la entrega de dinero como herramienta para provocar el incremento en el consumo de los pobres.
“De los eliminados y que estaba comprobado, mediante evaluaciones de política pública, que eran relevantes por su contribución en la disminución de la pobreza, se encuentran el de Prospera, Apoyo a la Vivienda, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, el de Empleo Temporal, el de Comedores Comunitarios, el de Apoyo a la Comercialización, el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, y el de Consolidación de Reservas Urbanas”, detalló.
Para finalizar, se convocó a la siguiente Sesión Ordinaria para el próximo miércoles 26 de mayo del presente año a las 11 de la mañana.
Consejeros INAIP
Previamente, en la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, sus integrantes conocieron la lista de candidatos a ocupar dos espacios en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP).
Los aspirantes son los ciudadanos Néstor Irán Acosta Espadas que se propuso de manera personal y Vanessa Flamenco Irigoyen, propuesta por la Asociación Civil Gridin Green y la Universidad Modelo.
El presidente de la Comisión, Alejandro Cuevas Mena (PRD), instruyó a la Secretaría General que se verifique la documentación de los candidatos e informó que serán convocados a comparecer el próximo martes 25 de mayo del presente año a las 11 horas, para conocer los motivos para ocupar dicho cargo.
Añadió, que los aspirantes tendrán 15 minutos para su exposición, otros 15 minutos para preguntas y respuestas, así como 10 minutos para conclusiones; posteriormente, el miércoles 26 de mayo sesionará la Comisión para dictaminar lo conducente.
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